La asociación jurídica de profesionales del Derecho de Entretenimiento, DENAE, promueve diálogos abiertos sobre temas de actualidad, impulsando con ello el avance del sector y de la industria. En la casa de los actores, AISGE, se organizó el pasado 14 de marzo una mesa redonda en torno al conocido como el “Estatuto del Artista”, una propuesta de acciones impulsadas desde el sector cultural, y que dieron lugar a un informe que incluyó una batería de medidas elaborado en el seno de las Cortes Generales.

En febrero de 2017 se creó en el marco de la Comisión de Cultura del Congreso de los Disputados la Subcomisión para la elaboración de un Estatuto del Artista. Un año y pocos meses después, la Subcomisión cerraba los trabajos realizados mediante el estudio de numerosos informes y la valoración de las aportaciones de los representantes de la cultura y del mundo jurídico, invitados a participar a alguna de las veinticuatro sesiones celebradas. En junio de 2018 se aprobaba el informe final, con una batería de setenta y cinco medidas.

Dos años después del inicio de estos trabajos, y tan sólo un par de meses después de la concreción de una pequeña parte de estas medidas, DENAE invitó a algunos de los contribuyentes del sector cultural a debatir sobre el camino que le queda por recorrer al Estatuto del Artista en tiempos pre-electorales. En el foro, DENAE contó con la participación de Abel Martín (Director de la entidad de intérpretes y directores de escena, AISGE), Jesús Cimarro (empresario, productor, Presidente de la patronal escénica FAETEDA), Manuel Rico (escritor, Presidente de la Asociación Colegial de Escritores y representante de la plataforma Seguir Creando), Ignacio Martín (responsable jurídico de la Unión de Actores y Actrices), y Patricia Gabeiras (abogada y Directora de la Asociación de festivales de Música).

El arranque del foro debate sentó pronto el punto de partida respecto al impacto que ha tenido el Estatuto del Artista en términos de medidas legislativas concretas. Abel Martín (AISGE) dejó claro que el estatuto representa un gran título, un pacto de Estado, a nivel político, pero en la práctica requiere desarrollos específicos que tocan a distintos Ministerios, y que deberán plasmarse en leyes ordinarias, y no en decretos de urgencia.

La sensación común de los ponentes fue la de cierta desilusión y preocupación ante el riesgo de desinfle de lo que ha sido un pacto logrado en el seno de las Cortes Generales, con setenta y cinco medidas específicas que, si no se trasponen en el corto plazo al ordenamiento jurídico, no tendrán efecto. Se criticó la técnica empleada a través de Real Decreto – Ley por parte del Gobierno para tramitar algunas de las medidas contenidas en el Estatuto del Artista. Se hizo, en definitiva, referencia al Real Decreto-ley 26/2018, de 28 de diciembre, por el que se aprueban medidas de urgencia sobre la creación artística y la cinematografía, aprobado in extremis al finalizar el año 2018, sin una tramitación parlamentaria que continuase la senda del consenso político logrado previamente con el informe parlamentario. Esta norma dio, en cierto sentido, una patada hacia delante respecto a muchas de las medidas del Estatuto del Artista, pues en ella se apunta que el Gobierno se dará un plazo de seis meses para elaborar una norma de desarrollo de la relación laboral especial de los artistas en espectáculos públicos (relación que hoy día se regula en una anticuada norma que data de 1985), así como para revisar la compatibilidad entre la recepción de una pensión, y la obtención de rendimientos por derechos de propiedad intelectual. Un plazo que se va a acortando con los partidos políticos en plena campaña electoral, y con los máximos impulsores de los diferentes partidos en la Subcomisión de Cultura, fuera de las próximas listas electorales de sus propios partidos.

En este contexto Ignacio Martín, de la Unión de Actores y Actrices, recordó que no se está pidiendo un régimen fiscal y laboral privilegiado respecto a los intérpretes, sino un régimen ordinario adaptado a la prestación artística. En el mismo sentido se posicionó Patricia Gabeiras, defendiendo que es necesario ordenar la relación de autónomo y laboral respecto a los artistas. En la actualidad existe un régimen precarizado, cuando sería preciso favorecer la compatibilidad de regímenes para el enriquecimiento del tejido artístico.

Jesús Cimarro incidió en un discurso que defiende en todo foro público al que acude. La cultura debe estar por encima de intereses partidistas, y es una pena que, habiéndose logrado un consenso respecto a setenta y cinco medidas muy concretas, no se haya trabajado intensamente en la aprobación de todas a nivel normativo. Parte del trabajo que va a requerir la trasposición normativa, a juicio de Cimarro, va a ser la conformación del ámbito objetivo y subjetivo de la figura del artista. Es necesario un ejercicio técnico que lleve a la elaboración de un censo de actividades artísticas, e incluso un censo de trabajadores culturales, separando las diversas disciplinas. Hay que distinguir entre artistas y técnicos, que son mundos autónomos, con realidades, horarios, etc. diferentes. Además, hoy día, disciplinas artísticas tan valiosas como la magia podrían quedar excluidas de la aplicación del Estatuto del Artista, si no se realiza este ejercicio.

Cimarro aprovechó también por reclamar la bajada del IVA en la contratación de espectáculos públicos. La bajada en el IVA de las entradas de espectáculos ha sido un logro correctivo a una medida que en su día fue catastrófica para el sector. De ahí que Cimarro se muestre aún combativo respecto al IVA en la contratación cultural. Para mostrar que esta medida no impactaría en el erario, argumentó que fuera de Madrid y Barcelona es la Administración Pública la mayor instancia contratante de espectáculos escénicos. El IVA de estas contrataciones se fija en presupuestos, por lo que una bajada a día de hoy no impactaría a nivel de presupuestos y sí permitiría, con ese excedente, contratar más espectáculos, lo que supondría mayores ingresos a nivel de seguridad social e IRPF para el Estado.

Manuel Rico, escritor y representante de la Plataforma Seguir Creando (surgida a partir del requerimiento de devolución de la pensión a determinados creadores que, en edad de jubilación, percibieron rentas por derechos de autor superiores a un determinado baremo), reclamó un régimen de compatibilidad similar al existente en Francia y Alemania. Se congratuló por la sentencia en primera instancia del caso Pérez Reverte que, en cierta manera, respalda la postura de los creadores. Rico destacó la incoherencia de la administración, cuando permite que personas jubiladas perciban rentas de alquileres o de capital mobiliario, como son las acciones, y no que profesionales (normalmente provenientes de otros sectores, como el periodismo, la enseñanza o la abogacía), se les penalice por percibir rentas generadas de su trabajo creativo. A este respecto, Rico incidió que la propiedad intelectual cumple una función social, y que la penalización económica contribuye a deteriorar la libertad de creación.

Especialmente tajante se mostraron todos los partícipes a la hora de defender que el sector de la cultura debe quitarse el estigma de “subvencionado”. Otros sectores industriales, como el del automóvil o el bancario, reciben un mayor número de ayudas. Jesús Cimarro defendió que es totalmente desproporcionada una inversión del 0,3% en los Presupuestos Generales del Estado a un sector, el cultural, que es la cuarta fuente de ingresos del Producto Interior Bruto. La abogada Patricia Gabeiras subrayó, en este punto, que además la cultura contribuye a la generación de identidad, lo que la diferencia de otros sectores. Abel Martín, parafraseando a una antigua Comisaria Europea, lanzó un slogan: es necesario culturizar la política, y no politizar la cultura, e invitó a seguir debatiendo sobre el Estatuto del Artista.

Todos los partícipes fueron unánimes a la hora de reconocer que es el propio sector cultural el que debe fomentar, diseñar y presentar medidas legislativas concretas con las que puedan trabajar los grupos políticos. La sesión concluyó con agradecimiento a la Asociación de abogados y profesionales del Derecho del Entretenimiento, DENAE, por favorecer estos espacios de debate público.

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